Publicado: 23 de Julio de 2020

La enmienda que se aprobó ayer en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, declarando inhábil el mes de agosto, es puramente testimonial.


Porque el Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, no llegará al Senado hasta el próximo mes de septiembre.


Y para entonces, agosto habrá quedado detrás.


Por lo tanto, agosto –entre el 11 y el 31– sigue siendo oficialmente hábil pero oficiosamente –u organizativamente– “inhábil” ya que tanto el Consejo General del Poder Judicial, del que dependen los 5.347 jueces y magistrados, como el Ministerio de Justicia, que rige la vida profesional de los 4.320 letrados de la Administración de Justicia, la Fiscalía General del Estado, “alto mando” para los 2.407 fiscales de plantilla, y las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas, quienes, junto al Ministerio, son los empleadores de los 44.292 funcionarios de la Administración de Justicia, han dado órdenes de que se organicen como todos los años.


Como si el mes de agosto fuera inhábil.